De aprobarse un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense, restaurantes y bares deberán acondicionar mesas para personas discapacitadas, con el fin de facilitar su acceso y comodidad a estos espacios.
Concretamente, la iniciativa presentada por el diputado radical Aldo Mensi establece en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires “la obligatoriedad de los responsables de los restaurantes, bares y afines, de destinar mesas para uso de personas discapacitadas, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida que tengan, en forma permanente o circunstancial, dificultad para caminar”.
La cantidad como la disposición de dichas mesas quedará a criterio del titular del comercio, quien deberá priorizar en la selección y ubicación de las mismas los lugares cercanos a las puertas de acceso; no obstante, el número mínimo será de una, con capacidad para sentarse dos personas.
Las mesas para las personas discapacitadas deberán estar individualizadas, pudiendo ser ocupadas sólo en caso de completarse la disponibilidad existente.
Según el autor de la iniciativa, la misma “tiene por finalidad velar por la comodidad y facilitar el acceso a restaurantes, bares y afines de personas discapacitadas, mujeres embarazadas y cualquier otra persona que eventualmente padezca algún impedimento físico que dificulte su traslado”.
Seguidamente, Mensi advirtió que “la Provincia de Buenos Aires no cuenta con normativas que regulen el uso de espacios destinados a las personas que padecen distintas discapacidades que reducen su movilidad y /o procuren la comodidad de las mujeres embarazadas que concurren diariamente a estos lugares”.
De la misma manera, señaló “las personas con capacidades diferentes y las embarazadas deben contar con el beneficio de acceder de manera prioritaria a una mesa cercana al ingreso y de poder compartirla con quienes les acompañan”.
Por último, en los fundamentos del proyecto se explica que desde 1981 existe en nuestro país la Ley Nacional de Discapacidad Nº 24.314 y su Decreto 914/97 que establecen y reglamentan la prioridad de la supresión de las barreras físicas en la vía pública, en el transporte, en los edificios de uso público y en los destinados a viviendas, previendo condiciones de accesibilidad para personas con capacidades diferentes.
